Funcionarios vinculados al escándalo de Reficar podrían ser penalmente responsables por peculado por omisión: Viviane Morales 

Justicia Transicional

Bogotá 4 mayo de 2016. En el marco del debate realizado el día de ayer en la Plenaria del Senado sobre el escándalo de Reficar, la Senadora Viviane Morales hizo énfasis en la necesidad de establecer responsabilidades por las omisiones de los funcionarios públicos que llevaron a los sobredimensionados costos de la Refinería de Cartagena.

De acuerdo con la Senadora, la corrupción va más allá del enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos, dada su estrecha relación con el principio de la moralidad administrativa que se violó en toda su extensión en el caso de Reficar al transformar el interés público en interés privado, al violar el principio de transparencia y el de justicia distributiva, lo cual podría derivar en la responsabilidad penal de los funcionarios vinculados al escándalo por peculado a favor de terceros en modalidad de comisión por omisión.

“Le recuerdo a los funcionarios que han venido a hablar aquí que han sido garantes, porque la Corte Constitucional ha dicho que se es garante cuando se es ordenador del gasto o se es vigilante de la ejecución”, aseguró la Senadora.

Así, Morales enumeró los múltiples errores en lo que denominó la “caja de Pandora” de Reficar. En primer lugar, la senadora resaltó que desde un inicio se cometieron graves equivocaciones en la conformación de la Junta Directiva de Reficar, en la cual Glencore contaba con el 60% de la participación pese a tener solamente el 50% de las acciones, en desmedro de la representación del Estado. Esta inequitativa distribución se reflejó en la inadecuada conformación de la Junta, que en momento de importantes decisiones técnicas quedó compuesta por 7 abogados y dos técnicos.

En segundo lugar, la senadora denunció que la recompra de Reficar por parte de Ecopetrol se hizo a través de una filial de la petrolera en Bahamas, llamada Andeal Chemical, que se suma a las más de 27 sociedades constituidas en paraísos fiscales por parte de Ecopetrol y que van en contra de los estándares internacionales de lucha contra corrupción, el soborno trasnacional, el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

“Es imperdonable que mientras que el Gobierno busca incrementar impuestos, Ecopetrol pueda estar eludiendo impuestos en un paraíso fiscal. Los organismos de control no pueden hacer el control adecuado a la gestión fiscal por las múltiples sociedades offshore que tiene Ecopetrol”, aseguró la senadora.

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